FERNÁNDEZ LARIOS Y LA VERDAD

Una amplia crónica de Lilian Olivares en El Mercurio dice que el exoficial será expulsado de Estados Unidos y deberá volver a Chile "a enfrentar la justicia 39 años después".  Si Lilian hubiera leído mi libro, best-seller en 2001, "La Verdad del Juicio a Pinochet", su crónica habría sido más verídica. 

Pues Fernández Larios fue parte de la comitiva del general Arellano en octubre de 1973. En 1987 se radicó en los EE. UU. y trabajó exitosamente en el sector inmobiliario, pero le sucedió algo increíble: fue acusado en ese país por la muerte de Winston Cabello, junto a otros doce presos, el 16 de octubre de 1973 en la cuesta Cardones, en el trayecto de Copiapó a La Serena, durante un intento de fuga del camión que los trasladaba y que se había quedado en pana.

Pero está comprobado que la comitiva de Arellano estaba en Santiago en la madrugada de ese 16 de octubre. Fernandez Larios no podía ser culpado de una muerte en Copiapó esa noche.

Pero ya en Chile el juez Juan Guzmán lo había culpado de las 13 muertes, basado, lo dice en la sentencia, en el libro "Los Zarpazos del Puma", de Patricia Verdugo. Fue el mayor best-seller de su tiempo. Pero cómo ¿no había dictadura en ese tiempo? Es que nunca hubo prohibición de publicar libros. Siempre se pudo publicar los que se quisiera. Y en la página 151 de "Los Zarpazos del Puma" se dice que la muerte de los 13 ocurrió en la madrugada del 17 de octubre. La comitiva había llegado el 16 a Copiapó. 

Es raro que en un juicio se cite un libro tan políticamente sesgado, pero bajo los gobiernos de las Concertación y su justicia no era raro. Tanto que la página 151 del libro era parte del proceso y ahí estaba el oficio del capitán Patricio Díaz Araneda diciendo que esa madrugada habían tenido lugar los fusilamientos, lo que permitía culpar a la comitiva y a Fernández Larios.

Pero eso tenía un problema: que el mismo libro de Patricia Verdugo, en la página anterior, la 150, citaba el oficio del comandante del regimiento, Oscar Haag, al director del cementerio local, con fecha 16 de octubre, pidiéndole preparar trece fosas para inhumar igual número de cuerpos. Eso probaba que las ejecuciones tuvieron lugar en la madrugada del 16, cuando la comitiva estaba todavía en Santiago.  

Esta contradicción la hice ver en mi columna de El Mercurio en 2000 y la autora de "Los Zarpazos..." nunca me rectificó. Y el tribunal norteamericano parecía acoger la tesis de la culpabilidad de Fernández Larios y éste, afirma Lilian Olivares, tuvo que pagar US$ 4 millones a la sucesión de Winston Cabello, en cuya muerte no había tenido ninguna participación, porque ocurrió entre Copiapó y La Serena cuando él estaba en Santiago.

Ahora los EE. UU. anuncian la expulsión de Fernández Larios y su retorno a enfrentar a la justicia local, para la cual no rigen la amnistía, la prescripción, la cosa juzgada, las reglas reguladoras de la prueba ni nada que huela a "estado de derecho".

EJERCICIO GENERAL DE HIPOCRESÍA

Me niego a participar en el ejercicio general de hipocresía de condenar a la ministra Vivanco, de la Corte Suprema, acusada de fallar una causa para obtener un beneficio económico personal, en circunstancias que por veinte años la misma Corte Suprema ha cohonestado la conducta de contravenir la ley para generar beneficios económicos ilegales a expensas del erario.

La única diferencia entre ambas situaciones es que en el caso de la ministra Vivanco hay evidencias de que la beneficiaria sería ella y en los juicios de derechos humanos no sabemos exactamente cómo se reparten las millonarias indemnizaciones que crónicamente se obliga a pagar al fisco, a raíz de fallos apartados de la legalidad. 

Es posible que la sentencia en la causa en que intervino la ministra se haya ajustado a derecho, porque el delito que se le imputa a ella es haber actuado cobrando una suma por garantizar un determinado resultado con su voto, pero no se ha acreditado que ese resultado haya sido objetivamente contrario a derecho.

En cambio, en las causas sobre derechos humanos, el autor de la triquiñuela que permite burlar leyes expresas y vigentes, para extraer una indemnización a expensas del erario, ha confesado públicamente que se trata de una ficción, añadiendo ante las cámaras: "Yo no digo que ésa haya sido la realidad". Es decir, confesó que, más allá de la verdad, se trataba de una estratagema para sustraer recursos al fisco.

¿Es honesto escandalizarse por una jueza que lucra con un fallo, sin que se sepa si está o no ajustado a derecho, habiendo dejado pasar sin decir nada más de mil fallos que también generan un lucro, pero que se confiesan positivamente contrarios a derecho?

¿Es justo no decir nada cuando asciende a la Corte Suprema un juez que transformó una "muerte en combate", en 1974, de la cual se enorgullecía el hijo del asaltante de bancos, ME-O, en un "asesinato". Ese juez lo hizo tras fabricar, medio siglo después, otro juicio completamente ilegal, llevado a cabo a enorme distancia de los hechos, con resultado de una millonaria indemnización para el mismo ME-O? Este la recibió a sabiendas de que no era procedente, pues su padre, según él mismo había reconocido, murió en combate.

La podredumbre judicial tiene muchos años y no pueden escandalizarse de ella los mismos que, cuando comenzó el ejercicio del lucro obtenido violando la legalidad, con el añadido de 500 personas que son presos políticos, pues sufrieron la pérdida ilegal de su libertad, no dijeron nada y se limitaron a mirar para otro lado.

NO HAY QUE PEDIRLE PERAS AL OLMO

Los que votamos por Kaiser por algo lo hicimos, en lugar de votar por Kast. Si se fundó un partido a la derecha del republicano por algo fue. Y fue a raíz del desfallecimiento de José Antonio Kast quien, tras conseguir su partido situarse como el más grande del país, gracias a haber sido el único opuesto a una nueva Constitución, se cambió de bando en 2023 y se pasó al de Piñera y Boric, partidarios de una nueva Constitución.

Esto está descrito en mi penúltimo libro, titulado "Trampantojo" siguiendo al autor de la idea del segundo proceso, el rector-columnista Carlos Peña. Motejó así la propuesta republicana en su memorable columna de arrepentimiento del 20 de octubre de 2023. Es decir, el padre de la criatura decidió desconocer su paternidad cuando vio a la guagua y ésta no le gustó. 

Ya iban dos "vueltas de chaqueta", las de Kast y Peña. Vendría una tercera, del propio Boric, a quien tampoco le gusto el "trampantojo".

En éste venía incluido un capítulo adoptando la errada idea de que había un "cambio climático antropogénico" y avalando la política energética de Bachelet y Piñera conducente a reemplazar la generación eléctrica a carbón y combustibles fósiles por otra basada en "energías renovables no convencionales", como la eólica y la solar, supuestamente "limpias".

Douglas Pollock ha probado que la generación de CO2 no es un problema ni incide en la temperatura del planeta. Y las ERNC generan energía más cara, como lo podemos certificar los consumidores. Pollock acaba de publicar un libro reafirmando su tesis.

Kast ha nombrado como ministra de Energía a la exsenadora Ximena Rincón, cuyo partido "Demócratas" se ha escindido de la DC. Seguramente será continuadora de las políticas de Bachelet y Piñera que nos han encarecido la energía y nos tienen con la cuarta electricidad industrial más cara del planeta.

Yo, siguiendo a Pollock, he hecho ver el absurdo de las políticas energéticas actuales y he comprobado que el presidente Trump, en el foro de Davos, ha destacado que China se haya convertido en el mayor productor de torres eólicas y paneles solares ¡gracias a que no los usa en su generación eléctrica! Pollock ha revelado que China, en conjunto con la India, han construido 90 nuevas centrales a carbón de las mismas que se han cerrado o impedido ("Barrancones") en Chile.

Este es un aspecto negativo de las políticas del nuevo gobierno chileno, aunque no alcanza a opacar sus propósitos positivos. De hecho, se produjo la paradoja de que, cuando Boric anunció que iba a tomar la riqueza de los chilenos y redistribuirla, los poseedores de ella, en pánico, llevaron el dólar a más de mil pesos (2022) lo que generó una inflación del 11 por ciento. Esto castigó la popularidad de Boric. Ahora el futuro gobierno ofrece bajar impuestos y dar garantías a los inversionistas y el dólar ha caído cien pesos ($869 a la fecha de hoy), lo cual generará una baja de la bencina y la consiguiente caída de los demás precios. Esto mejorará las remuneraciones reales de los trabajadores y su bienestar.

Lo cual significará un oportuno respaldo para Kast este año de una mayoría asalariada que verá aumentado su bienestar gracias a la confianza de los inversionistas, que han dejado de refugiarse en el dólar. Pero las malas políticas energéticas seguirán en vigor, constituyéndose en, posiblemente, el aspecto más negativo del programa de la administración entrante. 

Kast se mostró porfiado en su error de apoyar la nueva Constitución. No creo que recapacite en su programa energético. No hay que pedirle peras al olmo. Pero por lo menos no amenaza a los inversionistas. Eso ya es algo.

BUEN GABINETE CON EXCEPCIONES

Pienso que el de Kast es el mejor gabinete desde 1990, con excepciones. Las áreas fundamentales quedan en manos confiables. En la económica, Cancillería, Seguridad, Obras Públicas, Justicia, Defensa y Educación hay personalidades inobjetables a la cabeza. 

En Salud he criticado en X la designación de la doctora que encabezó una investigación sesgada y basada en injustas apreciaciones históricas acerca del gobierno militar, pero ello no obsta a que sus habilidades en el campo de nuestra salud pública desastrosa le permitan adoptar medidas adecuadas. En el primer gobierno de Piñera hubo un eficiente director de Fonasa que, con medidas racionales valientes y simples, ahorró enormes cantidades de recursos que se dilapidaban. De eso se trata, por ahora. Por ejemplo, que en el siguiente paro de la salud los que no vayan a trabajar sean despedidos, como en derecho corresponde.

Las designaciones más objetadas recaen en personas como el futuro ministro de las Culturas y el Patrimonio, El designado Francisco Undurraga toda su vida ha desplegado un abanico de preferencias valóricas que chocan frontalmente con las de Kast y sus partidarios, como las referidas al aborto, al matrimonio homosexual, a la intervención escolar temprana en la sexualidad de los niños. Su designación ha sido otro "desmayo" de José Antonio Kast. Por uno anterior surgieron, a la derecha de él y de los Republicanos, otro candidato y otro partido realmente de derecha y sin desmayos.

Asimismo, nuestra primera preferencia no habría sido, en la cartera de Energía, Ximena Rincón, que tanto papel tuvo en deteriorar la actual Constitución para hacerla más vulnerable, en circunstancias que los de derecha a secas queríamos reafirmarla. Con Ximena Rincón se aleja la posibilidad, divulgada por Douglas Pollock, de mejorar nuestra matriz energética, deteriorada bajo los gobiernos de Lagos, Bachelet II y Piñera, que nos tienen pagando cuentas de luz más caras y nos han llenado de "impuestos verdes", para solucionar un "no problema", como ha probado Pollock. Mientras, por razones políticas sin base, se ha vedado la construcción de Hidroaysén, que nos habría entregado energía limpia y barata. 

La designación, en cambio, de Jaime Campos, exministro radical de Bachelet y Lagos, se justifica porque él exhibe en su hoja de vida méritos que valoramos, como el haber impedido el cierre de Punta Peuco para mandar a los Presos Políticos Militares a hacinados penales comunes; y también por haber obstaculizado la peregrina idea de la presidenta de dictar una nueva Constitución. Buen nombramiento remuneratorio. La derecha es agradecida, 

Pero tengo un agregado qué hacer: le temo a la reminiscencia piñerista, con un ministro del Interior que fue también ministro de Piñera, que se rindió ante la violencia y nunca usó sus atribuciones para combatir la subversión y el vandalismo. Eso siembra dudas frente a la inminente violencia de la izquierda. No está garantizada la energía necesaria.

Para resumir, creo que el nuevo gobierno representará un gran cambio positivo. El gabinete aporta las capacidades necesarias para que relancemos, a partir de 2026, "los segundos mejores 30 años", tras los primeros de 1985 a 2015, generados gracias último gabinete de Pinochet.

DOS CHILES

El fallo que absolvió y liberó de la persecución judicial al teniente coronel Claudio Crespo representó un retorno al sentido común, como lo escribí en mi columna anterior.

Pero eso vino acompañado de una señal de alarma: una encuesta, publicada por El Mercurio del viernes, revela que el 55% de la opinión pública aprueba el fallo y un 45% lo rechaza.

Es alarmante para la normalidad de la vida interna un 45% de ciudadanos opinando que el teniente coronel Crespo debió ser condenado.

Ese 45 % está al mismo nivel de descriterio que el presidente Gabriel Boric, que públicamente ha expresado su disgusto con el fallo, añadiendo que Crespo "le sacó los ojos" al violentista de la primera línea Gustavo Gatica, hoy diputado comunista electo con alta votación.

Adoquín en mano y en medio del lanzamiento de otros proyectiles y bombas molotov a la policía, Gatica ponía en riesgo directo a los carabineros. Éstos impedían a los subversivos perpetrar más saqueos, incendios y destrucción de propiedad pública y privada. 

Era un movimiento revolucionario al mismo estilo de los registrados periódicamente en 1934, 1949, 1957, 1969 y los diecisiete que fueron sofocados entre 1983 y 1987, estos últimos al amparo de la progresiva apertura a la plena democracia que contemplaba la Constitución. Pero esos conatos duraron un día, salvo el de 1957 que duró dos, y al cabo de los cuales no se terminó el gobierno constitucional, sino que todos cesaron y en 1988, particularmente, se hizo pública la impopularidad de los conatos. Pinochet y los demás gobiernos anteriores, salvo el de Salvador Allende, que promovía la violencia revolucionaria, siempre habían hecho uso de los recursos necesarios para vencer a la criminalidad. Piñera fue una excepción, pues sus abogados del ministerio del Interior estaban dedicados a perseguir ilegalmente a exmilitares y no a defenderse de la guerrilla comunista, y por eso estuvo a punto de caer. Derivada de esa obsecuencia y debilidad se presenta ahora esta absurda situación del "ladrón detrás del juez", con policías acosados por el Instituto de Derechos Humanos financiado por el gobierno para proteger terroristas y el Consejo de Defensa del Estado accionando contra los carabineros, financiados por los contribuyentes para hacer todo lo contrario. Para no mencionar fiscales dedicados a imputar a los guardianes del orden un delito que está sólo en su imaginación (habitual en juicios contra exmilitares): "apremios ilegítimos".

Entre la postura de las fuerzas de orden y las de la guerrilla había y hay un océano moral de diferencias: los defensores del orden están ahí obligados por la naturaleza de su función y cumpliendo una orden superior; los guerrilleros están ahí usando la violencia para subvertir el orden, al servicio de una causa que ha generado más de 100 millones de muertos, a partir del primer golpe bolchevique en la Rusia de 1917 ("Libro Negro del Comunismo").

Crespo era el agredido; Gatica el agresor. El primero defendía la legalidad, el segundo la atropellaba.  Crespo veía su vida amenazada, Gatica sabía que si no lanzaba peñascos ni molotov tenía garantía de completa tranquilidad. El primero representaba la legalidad democrática, el segundo la arremetida totalitaria, El primero podía exhibir una vida de servicio público abnegado, sobre todo desde el mismo 18.10.19. Gatica era instrumento de grupos violentos históricamente conocidos. Crespo representaba el mantenimiento de la paz interna. Gatica el imperio de la fuerza ilícita, por naturaleza contrario al estado de derecho.

Es alarmante que un 45 % de los chilenos no esté de acuerdo en que Crespo prestaba un servicio y Gatica era una amenaza que se buscó su destino.

Ese 45 % es el resultado de muchos años de ocultamiento de la verdad histórica, de llamar bien al mal. En este país se pagan  pensiones generosas a los protagonistas de la violencia, Lagos pensionó a prácticamente todos (28 nil) que habían sido interrogados por sus nexos con el terrorismo.

Los violentos se han apoderado del "relato". Éste ha matado al dato, que es la mejor convivencia entre chilenos de toda nuestra historia (1985-2015). Mientras un 45 % avale la acción ilícita y niegue garantías al ejercicio legítimo de la fuerza para preservar la libertad y la democracia, no podremos sentir que en Chile el régimen democrático tiene solidez. 

Crespo procurará cubrir los gastos de su defensa, abandonado por su institución. Gatica se apresta a cobrar diez millones de pesos al mes como diputado comunista.

CHILE RECUPERA EL SENTIDO COMÚN

Un sujeto ataca con piedras y bombas molotov a los carabineros y éstos, que por ley están autorizados a usar sus armas de fuego y exentos de responsabilidad por ello, sin embargo y por razones políticas han sido limitados y sólo pueden usar unas escopetas con balas no metálicas para enfrentar a sus agresores. Pero los impactos de las balas no metálicas dieron en los ojos de un atacante, que perdió la visión. Se lo buscó.

Lo importante es comprender que el atacante es el responsable de lo ocurrido. Él se ha expuesto voluntariamente, al ser agresor y potencialmente victimario. Los carabineros estaban ahí por obligación, pues se les ha ordenado contener a los delincuentes. Su agresor estaba ahí por propia voluntad y no podía menos de saber que estaba quebrantando la legalidad.

Lo que ha pasado ahora ha sido algo no previsto por el relato subversivo imperante: que la legalidad y el sentido común se defendieran.

La pérdida del sentido común y de la legalidad han conducido a que 500 exuniformados que fueron convocados por los civiles (Acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973) hayan sido condenados. Cien han muerto tras las rejas y quedan 400.)

Un país así se está condenando a la violencia y el estancamiento económico, político y social. Porque la ley ha dejado de regir. Sobre todo si se "finge" o inventa un delito inexistente ("secuestro permanente") para perseguir exuniformados.

La paradoja reside en que, cuando ahora se ha dictado un fallo fundado en el sentido común y en el derecho, rechazando condenar a un exuniformado por haber usado el armamento que se le autoriza y aunque hubiera lesionado al agresor, la izquierda ha reaccionado como si se hubiera violado la normativa, cuando lo que se ha hecho ha sido respetarla.

Hasta ahora y completamente fuera del estado derecho (rule of law) y del sentido común, se había castigado al representante del orden y favorecido e indemnizado al agresor o su sucesión.  

Es decir, la justicia ha dado un paso de retorno al estado de derecho y al sentido común. 

"¡DESTRUYAN LOS LIBROS!"

Nada refleja mejor la catadura moral de quienes todavía nos gobiernan que la orden de Gendarmería de destruir la biblioteca de cuatro mil volúmenes que habían formado los presos de Punta Peuco.

Todos ilegalmente condenados por un delito que, primero, no existió nunca en la vida real, el "secuestro permanente", y cuyo inventor, el exministro de corte Alejando Solís, confesó en cámara, hace diez años, que él no probaba, sino "fingía", añadiendo, para mayor claridad: "Yo no estoy diciendo que ésa haya sido la realidad". Miles de años de condenas y en ninguna parte nadie ha visto ni sabido de algún "secuestrado permanente".

Y aunque lo hubiera habido, no habría podido condenarse por él a exmilitares, que eran funcionarios públicos. Pues según el código sólo pueden cometerlo "particulares".

Otros dicen que se trata de "delitos de lesa humanidad", inamnistiables e imprescriptibles. Pero esos delitos no existían en la legislación chilena en los años 70, cuando sucedieron los hechos. La Constitución garantiza que sólo se puede condenar por un delito establecido por una ley "dictada con anterioridad a su perpetración". Y la de delitos de lesa humanidad se dictó en 2009. Ella misma dice que no se puede aplicar a hechos ocurridos con anterioridad a su dictación. Y además esos delitos consisten en "un ataque generalizado a la población civil", en circunstancias que los militares defendían a la población civil del ataque generalizado contra ella de los atentados terroristas. Es decir, los que los cometían eran éstos. La cosa era al revés

Por si no bastara, en los juicios contra exmilitares no hay pruebas, sólo presunciones. Cuando al blanco favorito de los jueces marxistas, el brigadier Miguel Krassnoff, fue por primera vez preso, hace más de 30 años, escribió una carta a El Mercurio asegurando que nunca había visto, conocido o interrogado a su supuesto secuestrado. Ahí recibió sus primeros quince años, que a estas alturas han superado los mil. Gendarmería le informó por escrito que en varios cientos de años más podrá pedir su libertad condicional.

Ésa es la calidad moral de la gente que todavía nos gobierna hoy y que a sus vícctrimas hasta les impide leer.